Reportaje | miguel lorenci
El juez imputa tres delitos a los dueños de la panificadora de Gandía
La empresa tenía tres trabajadores más en una situación laboral ilegal, según el Gobierno valenciano
El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Gandía investiga por los delitos de contratación ilegal, lesiones graves por imprudencia y contra la seguridad en el trabajo a los dos propietarios de la panificadora de esta localidad valenciana donde Franns Rilles Melgar, un inmigrante boliviano de 32 años, perdió el 28 de mayo pasado un brazo en accidente laboral.
El magistrado abrió ayer diligencias previas para investigar los hechos y citó a declarar en el juzgado a ambos hermanos en calidad de imputados aunque no fijó la fecha en que se practicará la prueba, según confirmó un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La citación se produjo después de que la Fiscalía iniciase también una investigación por los mismos delitos tras recibir los primeros informes sobre lo ocurrido de la Guardia Civil y de la Inspección de Trabajo.
El informe de la Inspección de Trabajo, que ha provocado la clausura fulminante de la panificadora, confirma que el local y las instalaciones no cumplen los requisitos mínimos de seguridad.
Además, la empresa panificadora de Real de Gandía tenía tres trabajadores más en una situación laboral ilegal, según ha confirmado el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta.
Franns Melgar Vargas, el boliviano que sufrió la amputación de su brazo izquierdo el pasado 28 de mayo en una panificadora de Gandía (Valencia), ha asegurado que vive «gracias a Dios, a la Virgen y a toda la gente de buen corazón». Además, ha asegurado que ya había avisado a sus jefes de que la «maquina necesitaba mantenimiento y que no tenía garantía».