El fiscal de Mayores reclama una ley integral que proteja a los ancianos

El fiscal de Mayores, Jorge Sena, reclama una ley integral para la protección de los ancianos y dependientes de edad avanzada, como se ha hecho con la violencia de género, ante las denuncias de problemas graves por incumplimiento de la Ley de Dependencia y situaciones de maltrato que llegan a la Fiscalía.

Hay un «vacío legal» en la defensa de los derechos de los mayores de 65 años, que no se da en menores ni en mujeres, en casos de violencia o desamparo, declara el fiscal, «y es un colectivo creciente y, por sus circunstancias personales, necesitado de ayuda de los poderes públicos».

Como fiscal de Sala delegado para la protección y defensa de los derechos de los mayores desde el 2008, Jorge Sena Argüelles conoce a diario denuncias y quejas de estos ciudadanos y organizaciones vinculadas a ellos. El 90% de las que se tramitan -”afirma-” están relacionadas con la Ley de Dependencia y el resto con situaciones de maltrato en el entorno familiar o en las residencias donde viven, así como de discriminación por razón de edad.

La Ley de Dependencia es «excelente», señala el fiscal, pero tiene dos defectos: «está excesivamente burocratizada, son muchos los pasos hasta que el mayor obtiene el Programa de Atención Individual (PIA), que determina las prestaciones y servicios a percibir y, por otro lado, no está suficientemente dotada de recursos económicos». «Al haber mucha demanda y poca dotación, va con cuentagotas», afirma, y «la lentitud y la falta de explicaciones dejan a los afectados sumidos en una incertidumbre tremenda. He recibido llamadas de personas que un año y medio después de haber sido calificadas como dependientes siguen esperando el PIA y que se determinen las ayudas», destaca.

Y cuando se prolongan los trámites para conceder las prestaciones «se atenta contra la dignidad de las personas». Uno de los derechos recogidos en la propia Ley, subraya el fiscal.

El otro problema preocupante es el de los malos tratos. Una cuestión opaca que vuelve a poner de manifiesto, en opinión de Jorge Sena, la falta de legislación específica para esos casos de violencia, que contemple como agravante la edad de la víctima. En consecuencia, cree necesaria una ley integral para la protección de las personas mayores, con el fin de que un mismo juez pueda resolver cuestiones civiles, penales o de derecho administrativo, sean casos de maltrato físico, psicológico, estafas, abusos económicos o incumplimiento de la Ley de Dependencia, «que hoy es el caballo de batalla».