Objetar vuelve a estar de moda

Una de las pocas coincidencias, quizá la única, entre detractores y defensores de la futura Ley del Aborto, es que va coja en un punto, la objeción de conciencia en el personal sanitario encargado de practicar las intervenciones. El texto que ya se tramita en el Congreso no menciona el asunto y la omisión preocupa a la profesión médica y las organizaciones feministas por igual porque ambos derechos, el de libertad de conciencia de los médicos y el de la mujer a ser atendida en una situación traumática, colisionan cada día casi en cualquier hospital público español. La objeción de conciencia inquieta sobre todo en supuestos de abortos, pero no sólo. La venta libre en farmacias de la píldora post coital, la Educación para la Ciudadanía o los matrimonios homosexuales han abierto nuevos frentes desde la pasada legislatura. Desde la muerte de la mili en 2001, dinamitada precisamente por la objeción de conciencia masiva, no se había hablado tanto de una figura difusa, con un anclaje constitucional, como poco, borroso.

La primera paradoja, de la que nacen no pocos líos, es que la Constitución sólo reconoce el derecho a la objeción de conciencia contra el servicio militar, justo el que ya carece de sentido. Del resto nada dice la Carta Magna, aunque el Tribunal Constitucional haya delimitado algo el campo de juego en varias sentencias. De ellas se desprende que, aun sin ser un derecho fundamental en sí misma, la objeción de conciencia forma parte «del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el artículo 16.1 de la Constitución». La aplicación práctica dependerá de las manifestaciones específicas de objeción sobre determinados deberes jurídicos y profesionales, pero «existe y puede ser ejercida con independencia de que se haya dictado o no tal regulación», dijo en 1985 la corte constitucional.

En Derecho todo es interpretable y para el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, directamente «no cabe la objeción de conciencia» salvo que una ley específica lo avale, en materia de aborto o en cualquier otra. Más aún, cualquier negativa a practicar un aborto legal conllevaría un acto de «desobediencia civil», dijo en agosto. Pues si esto es así, hay desobediencia civil a mansalva en la sanidad pública española. No existen cifras oficiales, pero la objeción de conciencia es general en el sistema sanitario en casi todas las comunidades autónomas. «Yo me atrevería a decir de forma intuitiva que en los hospitales públicos es mayoritaria, posiblemente superior al 80%», asegura Guillermo González, ex presidente de la Federación de Planificación Familiar Estatal. En unos casos por prejuicios éticos o morales auténticos de los profesionales y en otros, «quizá más frecuentes aún, por la presión social y el temor a ser señalado como el abortista del centro», añade.

González cree que una ley «valiente» como la impulsada por el Ministerio de Igualdad debiera regular la objeción de conciencia, «someterla a control» para convertir el aborto en una prestación más del sistema público y acabar con el obligado peregrinaje de las mujeres a las clínicas privadas.