Cae una red que concertó más de 100 falsos matrimonios por 1,2 millones
Entre los 34 detenidos hay un sacerdote y varios funcionarios y un abogado
Material incautado por la policía.
La maquinaria que concertaba los matrimonios «blancos» estaba perfectamente engrasada. Contaban con un sacerdote, una falsa abogada, una supuesta gestoría, una funcionaria judicial, testigos de boda y, lo que es más importante, una importante cartera de clientes vinculados al narcotráfico con posibilidad reales de rascarse el bolsillo para regular cuanto antes su situación en España.
Tras dos años de investigación, la policía desarticuló ayer en Madrid una red internacional dedicada a facilitar matrimonios de complacencia que pudo gestionar más de un centenar de enlaces y por los que ingresó del orden de 1,2 millones de euros. En la operación, que sigue abierta, han sido detenidas 34 personas, todas de nacionalidad colombiana y española.
El entramado tenía su base de operaciones en una gestoría ubicada en el barrio madrileño de Carabanchel, donde una falsa abogada, de nombre Claudia, se encargaba de realizar estos casamientos previo pago de entre 10.000 y 12.000 euros. Esta mujer había tejido una red de contactos que contaba con un sacerdote colombiano y funcionarios corruptos, los cuales facilitaban los registros civiles y juzgados de paz para concretar las bodas.
Por las manos de Claudia pudieron pasar al menos 56 matrimonios civiles celebrados en el juzgado de paz de Torrelodones, en Madrid, y otros 22 enlaces canónicos en distintas parroquias madrileñas. La falsa abogada se encargaba de tramitar las bodas y de buscar la pareja de conveniencia en ambientes marginales, a los que pagaba unos 3.000 euros. Y para que no faltara de nada también se ocupaba de los testigos, a los que entregaba unos 200 euros por ceremonia.
Por último, daba salida a la farragosa tarea del papeleo para obtener los permisos de residencia, fin último de la red.
Pero estos trámites se encontraban en vías de extinción porque el entramado ya se encargaba de falsificar los documentos, en concreto, el certificado eclesiástico que presentaban en el registro civil correspondiente,. Solventado ese paso, podrían ahorrarse hasta el dinero de los contrayentes