El Congreso pide que el alcohol y las drogas sean agravantes en el maltrato
La subcomisión para la mejora de la ley integral contra la violencia de género propone que los condenados pierdan la custodia y el régimen de visitas a los hijos
En los accidentes de tráfico el alcohol y las drogas son factores agravantes de la responsabilidad penal. Si un hombre pega a una mujer estando ebrio o drogado, su delito se atenúa. El Congreso considera que esto es un error que la legislación debiera subsanar para agravar las penas por maltrato machista cuando concurran alcohol y/o drogas. Esta es una de las principales recomendaciones emitidas ayer por la subcomisión parlamentaria que durante nueve meses ha analizado posibles mejoras a la ley integral contra la Violencia de Género para incrementar su eficacia.
Sus conclusiones serán votadas y ratificadas el próximo martes en la Comisión de Igualdad, y elevadas a su vez al Ejecutivo que será quien decida si las adopta o en qué medida pueden ser incorporadas a la norma en vigor. «El Gobierno las estudiará con la mayor atención y hará lo posible por garantizarlas porque son recomendaciones que surgen del consenso, del pacto y del acuerdo de todos los grupos parlamentarios y eso, para el Gobierno, en una cuestión como la violencia de género es muy importante», aseguró la ministra Bibiana Aído.
La Subcomisión, por la que han desfilado expertos y representantes de todos los sectores implicados en la lucha contra la violencia de género, aconseja además que la condena firme por delito de violencia de género conlleve la pérdida de la custodia de los hijos menores y del régimen de visitas para el agresor, o que la orden de protección par la madre pueda ser extensiva a sus hijos.
Los grupos políticos recomiendan, asimismo, que se revise el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite a las mujeres no declarar judicialmente contra sus maridos. En los casos de violencia de género, cuando ella es la víctima, ese derecho legal a menudo se le vuelve en contra por la interpretación de algunos jueces. La Subcomisión pide que se informe adecuadamente a las mujeres maltratadas sobre este precepto y evitar que lo que es un derecho se convierta en un obstáculo.