Copenhague cierra la puerta a otro tratado vinculante después de Kioto

Fracaso, oportunidad perdida, fiasco... cualquiera de estos calificativos vale. La Cumbre del Clima de Copenhague se cerró ayer con un compromiso de mínimos, tejido a última hora entre Obama, los líderes de los gigantes emergentes, China, India, Brasil y Sudáfrica, así como algunos países africanos en desarrollo, que destierra la posibilidad de un futuro tratado o tratados internacionales de reducción de emisiones de CO 2 vinculantes para el período post-Kioto, a partir de 2012. El trato deja de lado los ambiciosos objetivos colectivos defendidos por la UE tanto para los países industrializados como para los en vías de desarrollo. Lo pactado sería posponer una vez más la lucha contra el cambio climático para pasado mañana. Al cierre de esta edición la Unión Europea no había dado su valoración del texto. Los presidentes y primeros ministros europeos seguían reunidos cuando Obama ya había dado una rueda de prensa nocturna en la que presentó el acuerdo como «insuficiente pero significativo» en la lucha contra el calentamiento global.

El llamado Acuerdo de Copenhague incluso retrocede respecto de la hoja de ruta marcada en Bali en 2007, donde al menos se indicaban límites flexibles de reducción de los gases de efecto invernadero para las próximas cuatro décadas. Aquí, la única cifra respetada son los 2ºC de aumento máximo de la temperatura media de aquí a 2050 que se puede permitir el planeta sin sufrir transformaciones devastadoras. Los objetivos de reducción de emisiones a largo plazo para las próximas cuatro décadas también se esfuman. Y de cara al año 2020, cada país o bloque de países de los industrializados -estén en Kioto, o no- deberá comunicar antes de febrero de 2010 cuáles son sus objetivos individuales. Las naciones en desarrollo podrán o no fijarse reducciones o límites de CO 2 de modo voluntario, pero si lo hacen estarán sometidas a verificación de Naciones Unidas, con la garantía de que su soberanía «será respetada», dice el texto. Este extremo satisface así a China, que siempre se ha negado a aceptar supervisión externa.

Se reconoce la ayuda prometida por los países industrializados para que los más pobres y vulnerables se adapten; 10.000 millones de dólares repartidos en los próximos tres años y a más largo plazo, los 100.000 millones de dólares anuales de fondos públicos y privados que Naciones Unidas exige movilizar para 2020 y en adelante, cifra a la que se llegaría de forma progresiva en la próxima década.

El pacto abanderado por Estados Unidos ignora las recomendaciones de los científicos y asumidas por la UE de rebajar las emisiones de CO 2 de los países ricos entre el 25 y el 40 por ciento, y los límites de entre el 15 y el 30 en las emisiones tendenciales de las naciones en desarrollo en la próxima década.

Entre los puntos que sí se mantienen está la creación futura de un fondo «verde» de apoyo y financiación a los proyectos e iniciativas de los países pobres.