Rafael Amargo se enfrenta a 9 años de cárcel por tráfico de drogas
El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Salamanca, Julio López, y el bailarÃn Rafael Amargo presentan el espectáculo 'Solo y Amargo'. Foto: David Arranz.
Rafael Amargo ha reiterado una y otra vez, en televisiones y en el propio escenario del Teatro La Latina donde ensayaba el estreno de la 'Yerma' de García Lorca cuando lo detuvieron hace un año, que no es un narcotraficante. Sin embargo, la Fiscalía asegura que miente y que dispone de pruebas suficientes para demostrar a la justicia que, al menos en 2020, ejerció el tráfico de drogas de una manera "persistente", tanto desde su casa madrileña como mediante la venta a domicilio.
Ya nada parece que librará al bailaor granadino de sentarse en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid. Todavía no hay fecha para el inicio de la vista oral, pero no se demorará por mucho tiempo. La Fiscalía ha convertido su procesamiento en algo inevitable tras presentar un escrito de acusación formal contra Amargo que incluye una calificación provisional de los hechos, en el que le atribuye un delito contra la salud pública de notoria importancia, y una petición de pena: nueve años de cárcel.
El acusador público, dando por válidas las conclusiones de los ocho meses de investigación de la Policía Nacional, considera que Amargo junto a un socio y productor, J. E. S. B., para el que pide idéntica condena de prisión, se dedicaron a traficar con drogas desde las fechas del confinamiento domiciliario por coronavirus hasta la operación judicial, que se desencadenó en diciembre del mismo año con las detenciones y los registros de sus viviendas.
La investigación, dirigida por el Juzgado número 48 de Madrid, considera que el bailaor y su socio, según demuestran los pinchazos telefónicos y las vigilancias policiales, compraban importantes cantidades de drogas ilegales, especialmente metanfetamina, para luego venderla a terceros. Amargo usaba en abril de 2020, en pleno confinamiento sanitario, su propia casa en el centro de Madrid como punto para el trapicheo de sustancias. Los agentes pudieron comprobar durante semanas cómo "numerosas personas" acudían a la vivienda, de donde, tras permanecer muy poco rato, salían "de manera apresurada" con sustancias estupefacientes ilegales en su poder.
La organización, describen los agentes, tenía un segundo procedimiento de venta al menudeo. Amargo utilizaba al tercer detenido, M. A. B. L., para quien el fiscal reclama seis años de cárcel, como repartidor a domicilio. Su "hombre de confianza" llevaba "a sabiendas" las dosis prohibidas hasta donde se lo pedía el cliente y luego volvía al piso del bailaor para entregarle el dinero. Así lo comprobaron los policías el 27 de abril de 2020, cuando siguieron a M. A. B. L. desde la casa de su jefe y lo sorprendieron "cuando se disponía a entregar a un cliente", a cambio de 50 euros, una bolsita con algo menos de un gramo de metanfetamina, con una pureza del 76%.
La operación contra la presunta organización de narcotráfico se desencadenó hace poco más de un año, el 1 de diciembre, cuando la Policía creyó tener la investigación amarrada. En la casa de Amargo solo encontraron pequeñas cantidades de sustancias ilegales: tres botes de Popper -un estimulante ilegal del deseo sexual-, un frasco con seis mililitros de GBL -conocido como 'éxtasis líquido'- y una bolsita con restos de feniletilamina. El grueso del alijo lo hallaron, relata el escrito de acusación del fiscal, en el domicilio de su socio. Allí, la comisión judicial localizó algo más de 60 gramos de metanfetamina con una pureza del 76%, dos bolsas con ketamina (un sedante), un bote con Popper y un frasco con 6,8 mililitros de 'éxtasis líquido'.
En libertad provisional El bailaor y el resto de los detenidos están en libertad provisional a la espera de juicio desde el 3 de diciembre pasado, pero con la prohibición de abandonar España y la obligación de acudir al juzgado cada quince días. El juez de guardia, tras dos días en los calabozos policiales, rechazó el ingreso en prisión preventiva que pidió el Ministerio Público y los dejó libres por considerar que tenían arraigo social y medios materiales suficientes para contrarrestar los riesgos de fuga y de reiteración del delito. La situación de libertad provisional fue confirmada en febrero pasado por la Audiencia Provincial de Madrid, que rechazó la impugnación presentada por el fiscal y consideró bastantes las medidas cautelares impuestas ya por el juez de primera instancia.