El ‘no es no’ de León a la Ley de Bienestar Animal

Inútil, incumplible, farragosa, contradictoria, apresurada, absurda... una cascada de descalificaciones. La Ley de Bienestar Animal cosecha un no rotundo en León. Hay unanimidad entre protectoras de animales, asociaciones, profesionales y el Colegio Oficial de Veterinarios. Todos se oponen a su entrada en vigor.

«Castiga a los que lo hacen bien, a quienes tienen a sus animales chipados, identificados, vacunados y registrados». Los responsables de la Protectora de Animales y Plantas de León son demoledores con la nueva legislación. «Les castiga a hacer un curso, algo así como superar un examen que no se sabe ni quién tiene que decidir el que está capacitado o no para tener un animal de compañía y deja fuera a los perros de caza y los de trabajo, que es donde está el verdadero problema», añaden. «De eso las protectoras sabemos mucho, de quiénes son los animales que nos llegan en condiciones extremas, si tienen la suerte de llegarnos vivos. Así que el que tiene mal a sus animales va a seguir teniéndolo mal», zanjan.

«Ya tenemos una ley que no se cumple», señalan Mónica Rojo, presidenta del Albergue Sahagún, la asociación protectora de animales de Tierra de Campos. «Es una ley inútil, una tomadura de pelo», añade Rojo. ¿Qué diferencia a un perro de caza de otro, a un galgo de caza de un galgo de casa?, sólo el dueño que tiene, eso es lo que marca la diferencia en el trato que recibe», reflexiona.

«Los animales que son maltratados o tratados mal van a seguir estándolo. La ley se deja fuera los más indefensos, a esos no los defiende», avisa la Protectora de León. «En el entorno rural, que es en el que nos movemos nosotros, es donde está el gran problema», aporta la presidenta de Albergue Sahagún.

«Agentes implicados y jueces comprometidos. Con eso bastaría», apunta Daniel Muñoz, de El Bosque de Sury. «No son necesarias más leyes, con cumplir la que hay sería suficiente. Y esa ley ya dice que tienen que estar sanos, alimentados, cuidados, protegidos y acompañados», enumera Muñoz.

«Qué más da que se amplíen las penas. Sin antecedentes no entras en prisión. Y para tenerlos, es necesario una denuncia. Perseguir a los maltratadores y no más leyes en lo que hay que hacer», añade el alma de El Bosque de Sury.

«Una denuncia tras otra por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la comprobación de que los animales de caza y de trabajo están en buen estado de salud y con la cartilla al día, que comen y tiene dónde guarecerse y una sentencia tras otra por parte de los jueces a quienes incumplan, con el riesgo de entrar en la cárcel o pagar multas importantes, y verás cómo se acaba con el maltrato. Pero claro, hacen falta más agentes para vigilancia y control y jueces», reflexiona Andrés Sánchez, veterinario.

«Nadie va por los pueblos a controlarlos. Nadie vela por ellos. Nadie vigila qué atención reciben. Y no sólo es dramático en los perros de caza al acabar la temporada o en los de los criaderos profesionales, lo es en los perros de los pueblos. En esos que están atados a una cadena de por vida, perros que no llegan a las protectoras porque mueren en condiciones tremendas de abandono y sufrimiento», cuenta Mónica Rojo desde la protectora de Sahagún. «Hay una ley que no se cumple y cada vez más abandonos», añade.

«Qué ley de protección animal es esta que deja fuera del foco del problema a galgos, podencos, perros de caza, mastines, careas, border collie y otros perros de trabajo», se pregunta Dani Muñoz.

«No han contado con los profesionales, con el colectivo de profesionales». Es la primera crítica del presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de León y del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León, Luciano Díez Díez. «Nos llamaron a la comisión el último día, en el último minuto para cumplir el expediente, para cumplir el trámite. Oyeron pero no atendieron. Ni sugerencias ni alegaciones a la ley. Nada. Sólo han hecho caso a los afines», denuncia Luciano Díez.

«Es una ley ideológica, poco práctica y técnica», prosigue. «Muy farragosa, difícil de aplicar, con un elevado coste económico que no se ha cuantificado porque la ley dice que no va suponer coste alguno, como si hacer todo lo que se recoge en ella fuera gratis», añade el presidente de los veterinarios de León y la Comunidad. Y lanza un vaticinio: «Va a tener un desarrollo largo y complejo. Van a pasar años hasta que se aplique, eso si se aplica».

«Una entelequia», resume Luciano Díez. Y hace algunas preguntas que no tienen respuesta por el momento, entre otras razones porque la ley no se ha publicado aún en el BOE y porque muchas de sus disposiciones exigen el desarrollo de un reglamento. «Los perros de caza y de trabajo quedan exentos de la aplicación de la ley. Entonces, ¿por qué no se eliminan de ella? ¿En qué tienen que participar los veterinarios? ¿Qué técnicos adecuados van a impartir el cursillo? ¿Quién va a tomar la decisión final de si una persona es apta o no para tener un animal? ¿Quién va a correr con todos los gastos?».

Una sucesión de preguntas que se hacen también en la Protectora de León. «¿Qué va a pasar con los perros y animales que recogen las protectoras? ¿Y con los canarios, los hurones, los hámsteres, conejos, periquitos, tortugas...? ¿Saben los legisladores que hay perros que enferman y enloquecen si se les obliga a dormir dentro de una casa o a cubierto?».

«Es una ley ridícula», dicen. «No tienen ni idea de protección ni bienestar animal», acusan.

«Hay ejemplos en Europa muy claros y con buen resultado. Holanda, por ejemplo, con la castración obligatoria y subvencionada, el control exhaustivo de los animales y la inspección minuciosa a los criadores», apunta Mónica Rojo.

Otro punto conflictivo. El presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de León y de Castilla y León no es partidario de la castración indiscriminada. Y tampoco de dejar que sólo los criadores profesionales se encarguen de la reproducción. Apela a la ciencia. «Afecta directamente a la genética de las razas y a la biodivesidad». Y lo explica a renglón seguido. «Los criadores profesionales seleccionan los ejemplares en función de lo que demanda el público, de lo que gusta a la gente. Empobrece la genética», advierte Luciano Díez.

«La ley es una entelequia», zanja el presidente de los veterinarios.

Y otro punto de fricción: el seguro de responsabilidad civil. «La anterior ley no obliga. Y esta, como no tiene desarrollo, está en el limbo. Así que seguimos como estábamos», dice Díez.

Más benévolas con la nueva legislación son las asociaciones que protegen a los gatos. A los caseros y, sobre todo, a los ferales, los que viven en la calle.

«La ley nos beneficia porque obliga a las administraciones locales a hacerse cargo de los gatos comunitarios. En su artículo 3, recoge además claramente la figura del cuidador de colonias y, en el 49, las obligaciones de todos los ciudadanos no sólo con los gatos callejeros sino también con su comida, enseres y refugio». Lo narra minuciosamente Fina Alija Garmón, presidenta de Argos, la asociación que más colonias de gatos ferales gestiona en la ciudad. Llevan 10 años en activo.

La ley protege a las cuidadoras —las, porque son fundamentalmente mujeres quienes atienden a estos animales— tan a menudo increpadas, aunque resulte sorprendente. «Es una lucha, nos insultan, nos gritan, impiden nuestro trabajo cuando no atacan directamente las colonias y las destrozan», enumera.

Hay, sin embargo, un pero. El económico. Ni en Argos ni en Proyecto Ces Gatas y Gatos León —la otra asociación que se encarga en la ciudad, el alfoz y parte de la provincia de castrar y cuidar ferales que no reciben atención de otras protectoras y ayuntamientos— saben cuánto dinero se va a emplear en esa labor aunque la ley obligue a municipios y comunidades autónomas, que deben pedir subvenciones.

«Y no se trata sólo de castrar y alimentar, hay también que curar gatos, que es lo realmente caro. En Argos empleamos al año 35.000 euros en tener sanos a los gatos y gatas. En el último trimestre hemos gastado 6.000 euros en atención veterinaria», añade Fina Alija.

«No se contempla la atención integral», denuncia. «Y no será fácil de aplicar la ley», añade.

Una opinión que comparten desde el Colegio Oficial de Veterinarios, que añaden un dato más: «Los gatos callejeros son los grandes depredadores de la fauna que les rodea. ¿Qué se va a hacer con eso?», inquiere Luciano Díez. 

«Cómo entendemos a las protectoras de los perros. No me extraña que estén enfadados y desilusionados. Son los grandes perdedores de esta ley», sentencian en Argos.