Por una niñez protegida

La protección integral de los menores y la atención a los más desválidos es el eje fundamental de la recién creada Consejería de Familia. Para completar este trabajo y marcar las pautas de colaboración del resto de las instituciones, el pasado día 28 el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó dos decretos mediante los cuales se regulan el funcionamiento y la organización del Registro de Atención y Protección a la Infancia y del Consejo Regional y Consejos Provinciales de Atención y Protección a la Infancia. La Junta viene ejerciendo las competencias en materia de promoción y atención a la infancia, y protección y tutela de menores, asimismo garantiza la seguridad jurídica en la acción administrativa que haya de desplegarse para la protección de quienes, no habiendo alcanzado la mayoría de edad, se encuentren en situación de riesgo o de desamparo, y para la atención de los que cumplan medidas impuestas en aplicación de la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores. El decreto que regula la organización y funcionamiento del Consejo Regional y de los Consejos Provinciales de atención y protección a la infancia, establece el cauce de la participación de las distintas instancias que intervienen en el desarrollo de la relación de los menores con sus familias, teniendo como objetivo último garantizar los principios de participación y coordinación. Cáracter consultivo Los consejos de infancia son órganos de naturaleza interinstitucional y carácter consultivo, de asesoramiento y propuesta que velan por el respeto y defensa de los derechos de los menores y por el adecuado desarrollo de las actuaciones para su atención y protección. Asimismo, se constituyen en órganos de colaboración y coordinación que aseguren la eficacia y eficiencia de las actuaciones dirigidas a los menores. Entre las funciones de los consejos creados cabe destacar las de informar, evaluar y hacer un seguimiento de la planificación regional en materia de menores, elaborar propuestas para la mejora de la calidad de vida y eficacia de las actuaciones, canalizar la participación y sugerencias de los niños y adolescentes, de las familias y de la ciudadanía en general y fomentar la participación de los profesionales que desarrollen su actividad con menores. El Consejo Regional de la Infancia, que deberá constituirse en el plazo de seis meses a contar desde la fecha de la entrada en vigor, funcionará en pleno, presidido por el titular de la Consejería de Familia. Presencia social Como vocales del consejo, todos elegidos para un mandato de cuatro años renovable, actuarán 16 representantes de centros directivos de la Administración de esta Comunidad que tengan atribuidas funciones como sanidad, juventud, educación, drogodependencias, empleo o vivienda, el titular del centro directivo con competencias en la acción de protección de menores de edad en situación de desprotección , cuatro representantes de las diputaciones y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes nombrados por la Federación Regional de Municipios y Provincias y representantes del Ministerio Fiscal, Cruz Roja, Cáritas y representantes de las asociaciones de padres y madres de alumnos. Los consejos provinciales La función principal de los consejos provinciales será la de informar sobre la situación de la infancia en cada una de las provincias y elaborar los informes que le sean solicitados. Deberán constituirse en el plazo de 3 meses siguientes desde la fecha de constitución del Consejo Regional. Funcionará en Pleno y su presidente será el titular del órgano que en el ámbito provincial tenga atribuidas las funciones de dirección y supervisión de los servicios de protección. El organismo estará integrado, además, por los responsables directos de los servicios de protección a la infancia, un representante de los servicios provinciales de sanidad, el diputado provincial del área de acción social, los concejales de acción social de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y representantes del Juzgado y la Fiscalía de Menores.