El registro recogerá datos de menores con problemas

El Decreto que regula la organización y funcionamiento del Registro de Atención y Protección a la Infancia de Castilla y León tiene el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de los menores que no habiendo alcanzado la mayoría de edad, se encuentren en situación de riesgo o desamparo. Asimismo, regula y garantiza la atención de los que cumplan medidas en aplicación de la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores. La nueva regulación pretende desarrollar las funciones del registro con el fin de alcanzar la mayor eficacia y operatividad garantizando el derecho a la intimidad, confidencialidad y reserva, y el libre acceso al ministerio fiscal en el cumplimiento de sus funciones . Tendrán acceso a los datos del registro el Defensor del Pueblo, el Procurador del Común, los Órganos Judiciales y el Ministerio Fiscal así como las personas autorizadas y las inscritas, aunque estas últimas sólo en cuanto a sus propios datos. El Registro está constituido por diversas secciones que marcan como son menores sujetos a medidas protectoras determinadas por los juzgados, personas que se ofrezcan para el acogimiento de menores con fines no adoptivos, adopciones tanto nacionales como internacionales, menores internados en acogimiento residencial o actuaciones en aplicación de la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores: medidas judiciales, seguimiento, ejecución, modificación y finalización de las medidas. La creación de los nuevos consejos de la infancia en la comunidad y el registro de menores forma parte de la estrategia de actuación integral de la nueva consejería de Familia que, desde esta legislatura, asume todas las competencias en protección de menores que hasta el momento actual llevaba a cabo la Consejería de Sanidad y Bienestar Social. Desde el departamento del Ejecutivo se esta diseñado un plan de actuación para los próximos cuatro años que se convierta en el eje de las actuaciones futuras.