El 10% invisible y deformado

El 10% de la población española tiene una minusvalía. Se trata de un grupo muy heterogéneo de personas que «se enfrenta a problemas muy diversos» por lo que los medios de comunicación tienen que huir de generalizaciones a la hora de abordar las informaciones sobre discapacidad. Esta es una de las primeras conclusiones de la Declaración de Salamanca que se suscribe hoy en la capital charra en un encuentro sobre periodismo y discapacidad organizado por el Imserso y que clausura la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Familia y Discapacidad, Amparo Valcarce. El secretario general del Imserso, José Carlos Baura, reconoció ayer en la inauguración que la legislación sobre reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad «no se cumple» y subrayó que una de las prioridades del ejecutivo es «hacer que se cumpla». Asimismo, indicó que «el reto de los medios de comunicación es la normalización» de las personas con discapacidad para que se integren en la sociedad como «ciudadanos de pleno derecho». La declaración conjunta de 60 profesionales de medios infomativos españoles subraya las dificultades que encuentran las personas con discapacidad «para poder acceder al empleo, a niveles educativos superiores, al ocio o a la cultura» y pone de manifiesto que las medidas de discriminación positiva arbitradas hasta ahora han sido insuficientes. Reconoce que se ha producido un avance en la agenda de los medios al incluir cada vez más informaciones relacionados con la discapacidad, pero denuncia que éstos «siguen ofreciendo enfoques equivocados o sesgados» que no favorecen la erradicación de los prejuicios para facilitar la integración de las personas con discapacidad. Desde el encuentro se proponen ocho medidas para sensibilizar a la opinión pública y potenciar los efectos de las medidas legislativas en la sociedad. La primera recomendación es «dejar a un lado el enfoque caritativo o victimista» y centrarse en las informaciones en «los verdaderos problemas que afectan a las personas con discapacidad», como las barreras arquitectónicas, laborales y sociales y atención sanitaria. La declaración recomienda también evitar el lenguaje discriminatorio y dar voz a las personas con discapacidad, así como ofrecer imágenes activas de estas personas. No caer en la conmiseración, pero tampoco «presentar a la persona con discapacidad como un héroe». Experiencias «Mi máxima es que antes de decir que algo es imposible hay preguntar dos veces cómo puede conseguirse». Así de contundente se mostró la periodista ciega Nuria del Saz, presentadora de informativos en Canal Sur de Andalucía, en el encuentro de Periodismo y Discapacidad. Frente a las discapacidades, dijo, hay que anteponer las capacidades. También resaltó la importancia de la tecnología para ayudar a la integración de personas con discapacidad en el mundo laboral. Ella misma explicó las adaptaciones que tiene en su puesto de trabajo para presentar los informativos y que la Once financia a todas las empresas. Nuria del Saz resaltó que tras cinco años frente a las cámaras «los mayores obstáculos en mi vida y en el ámbito profesional han sido las personas que se niegan a admitir otras realidades» y ánimo a las empresas a arriesgarse a contratar personas con discapacidad porque «pueden cumplir los objetivos» aunque matizó que el éxito sólo es posible «con comunicación». «Estoy encantado de estar cojo porque no hice la mili, me declararon inútil total, me desgravo porque tengo más del 33% y tengo preferencia sobre las mujeres para un asiento», aseguró en tono de humor el director de la cadena Ser en Aragón, Julián de Arriba, para señalar que la discapacidad no debe ser ocultada como se hacía antiguamente, ni por la sociedad, ni por las familias, ni tampoco por los afectados. De Arriba llamó la atención sobre la mayoría silenciosa, población mayor de 65 años, que en muchos casos roza la pobreza y sufre en silencio las dificultades de una discapacidad. Por su parte, Roberto Martín, ex director del programa Un mundo sin barreras de Onda Cero, animó a las personas con discapacidad a reclamar sus derechos en la cobertura del 5% y el 2% de puestos de trabajo -en centros públicos y privados- que «ni siquiera cumple el Ministerio de Asuntos Sociales».