El 6% de las plazas en residencias de ancianos son de la Junta
El seis por ciento de las 33.800 plazas en residencias de ancianos existentes en Castilla y León dependen directamente del Ejecutivo autonómico, con lo que esta comunidad está a la cabeza en España en cuanto al número de plazas públicas por habitante. Así lo explicó recientemente la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Rosa Valdeón, durante la clausura del curso sobre «Prevención de riesgos de incendios para centros residenciales y formación en autoprotección», que se ha desarrollado en las instalaciones de los bomberos de Salamanca para profesionales de toda la Comunidad. Valdeón recordó que la apuesta de la Junta en materia de residencias ha sido reconocida con el Premio Nacional a la Excelencia en la Gestión Residencial, en la modalidad de «iniciativa pública más eficaz». La titular de Familia señaló que desde el Gobierno regional se ha ido apoyando la creación de «una de las redes de centros asistenciales de mayor envergadura del Estado», con 33.800 plazas y 2.235 de estancias diurnas. Una red que según la consejera, «se sigue ampliando con especial énfasis a las zonas rurales» y teniendo en cuenta el elevado porcentaje de población envejecida de Castilla y León y la dispersión geográfica de sus núcleos. Durante este ejercicio, comentó, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades invertirá en centros propios alrededor de 10 millones de euros, además se financiarán inversiones en instalaciones privadas sin ánimo de lucro que oferten plazas «a precios sociales», destacó Valdeón. Además, resaltó la consejera, la Junta está impulsando una Plan de Mejora de la Calidad en la atención residencial, centrada principalmente en la transformación de plazas de válidos en asistidas. Valdeón resaltó que se ha conseguido también que el 66,5 por ciento de las plazas residenciales, es decir dos de cada tres, se oferten «dentro de unos parámetros de precios asequibles para los usuarios». Durante su intervención, la consejera subrayó además los programas de asesoramiento jurídico y psicológico para personas mayores o los de tutela y prevención de malos tratos.