Policía y Guardia Civil buscan en León a veintinueve ?desaparecidos Los niños deben tener seguridad e información Negociadores y especialistas en investigación e interrogatorios

«Prácticamente todas las semanas tenemos casos de personas desaparecidas». Ésta es la dinámica en la que trabajan los cinco especialista de la Policía Judicial de León que, al mando del sargento Carlos (así es como quiere identificarse), jefe del equipo de Delitos contra las Personas, investigan las denuncias por desapariciones en la provincia. Según los datos de la Policía Nacional y la Guardia Civil (que inventiga diez desapariciones), ambos cuerpos tienen abiertos en la actualidad veintinueve expedientes de personas desaparecidas que no han sido «reintegradas» -en la terminología policial-. La prudencia se impone al hablar de estadísticas. Casi la mitad de estos casos corresponden a menores huidos de centros de acogida, generalmente marroquíes ingresados por desamparo, y de los que se desconoces sus paraderos. Las sospechas de desapariciones voluntarias recae sobre otro porcentaje elevado de denuncia. El último caso en el que trabajan los especialistas leoneses es el del hombre desaparecido en Soto de la Vega el pasado 23 de marzo, y del que todavía no se tienen pistas. El expediente más antiguo aún sin resolver es el de una mujer- Adelina de Jesús Santos- que desapareció en Toral de los Vados en septiembre de 1982. Desde esta fecha hasta la actualidad, veintinueve personas permanecen desaparecidas en León para las Fuerzas de Seguridad que anualmente hacen un rastreo informático para detectar movimientos que les permitan localizar a algunos de estos desaparecidos. Gracias a este procedimiento, la Policía Judicial ha encontrado este año a tres personas oficialmente desaparecidas, pero lo habían hecho de forma voluntaria y no querían dar a conocer su paradero. «En menos de un año hemos gestionado 25 desapariciones que se han solucionado», asegura el sargento Carlos que sostiene que muchos de estos casos corresponden a menores que se escapan de sus casas y son localizados o vuelven en un periodo máximo de cuatro días. Otro grupo importante de expedientes por desaparición corresponde al de las personas mayores que tienen problemas de memoria. «Estos casos también se resuelven en un periodo corto de tiempo, y suelen aparecer en otro pueblo cercano». Sin embargo, no todas las personas que desaparecen son localizadas con facilidad. Denunciar cuanto antes Ante una desaparición, los especialistas recomiendan a los familiares que tramiten cuanto antes la denuncia. La primera voz de alarma la recogen las unidades territoriales de demarcación, que graban todos los datos en un sistema informático integrado de gestión operativa a nivel nacional. Si tras los primeros interrogatorios a la familia y los amigos los agentes consideran que hay indicios de criminalidad, el caso pasa a depender de la Policía Judicial que, desde un primer momento, moviliza a todas las unidades disponibles, como helicópteros, servicio cinológico (perros) «y todo lo que veamos necesario para el caso», sostiene el sargento encargado, que aclara que hay que diferenciar el dispositivo de búsqueda del operativo de investigación, que se ocupa de rastrear otros terrenos, como movimientos bancarios, tarjetas sanitarias, documentos... Si la búsqueda se prolonga más de quince días, las unidades territoriales de demarcación recurren al programa Fénix, con el envío a la central de Madrid de pruebas de ADN de los familiares de la persona a localizar. «Esto es para poder indentificar la aparición de algún cadáver». En el momento en que los especialistas hacen un señalamiento de desaparición, todas las bases policiales de España y los países europeos unidos al tratado de Shengen tienen conocimiento del caso. En España hay 12.000 personas desaparecidas, según los datos oficiales, de las que sólo un 0,1% se consideran de alto riesgo. El último caso que mantiene en alerta a las Fuerzas de Seguridad es el de Yeremi Vargas, el niño que desapaceció hace trece días en la localidad gran canaria de Vecindario y del que se desconoce su paradero. Los adultos deben transmitir a los niños seguridad, además de información veraz, en casos como la desaparición del menor de siete años Yeremi Vargas en Gran Canaria, aseguró a la agencia Efe la coordinadora del grupo de Emergencias y Desastres del Colegio de Psicólogos de Madrid, Ana Lillo. «Es importante contar a los niños la verdad, sin meterles miedo», a pesar del temor que pueden sentir los padres ante la posibilidad de que a sus hijos pueda sucederles algo parecido, explicó Lillo, experta en prestar apoyo psicológico a personas que se enfrentan a situaciones de emergencia y catástrofes. Lillo, quien atiende, entre otros, a afectados por el atentado del 11-M en Madrid, se desplazó a Gran Canaria para colaborar con los psicólogos que prestan apoyo a los familiares y personas del entorno de Yeremi Vargas, desaparecido el pasado 10 de marzo en la localidad de Vecindario. La psicóloga insistió en la necesidad de no acrecentar los miedos que los niños puedan sentir ante lo sucedido ni hacer comentarios que puedan llevar al menor a perder el sentimiento de seguridad que obtiene de sus padres y adultos cercanos. A la hora de hablar con ellos, Lillo recomienda hacerlo con normalidad, escuchar a los niños para conocer qué saben ellos de lo sucedido, saber qué sienten y ayudarles a interpretar y manejar la información. Pautas preventivas Un suceso de este tipo es buen momento para que los padres establezcan o repasen pautas preventivas necesarias para evitar situaciones de riesgo a los menores, como que siempre digan adónde y con quién salen en cada momento, o que sepan que pueden negarse a participar en el comportamiento de un extraño si se sienten amenazados o asustados por él. Sin embargo, no es conveniente modificar rutinas, como que el niño vaya solo por la calle o se acerque a un lugar cercano a buscar algo, si eso es lo habitual, según la psicóloga. También es recomendable que los menores conozcan bien su nombre, dirección y el teléfono de sus padres, y advertirles de que no se acerquen confiadamente a extraños o a automóviles, propone Lillo. Todo ello debe hacerse en un clima de confianza para no generar temor a los niños. «Nosotros trabajamos con indicios no con hipótesis». Los cinco agentes que trabajan en el Equipo de Delitos contra las Personas en León tienen una preparación judicial específica que adquieren tras pasar por la escuela de especialización de Valdemoro, en Madrid, y la escuela de Estudios Jurídicos, donde, entre otras cosas, se especializan en técnicas de investigación y criminología, así como cursos de homicidios, desapariciones, -que tienen un carácter preferente-, psicología e interrogatorios. El jefe del operativo en León, el sargento Carlos, es además, especialista en negociación. Una de sus misiones es acudir a los atrincheramientos, secuestros y amenazas de suicidio. El negociador principal del operativo está en Madrid, que en caso de que el caso se complique, viajará para apoyar el trabajo de la comandancia de León.