Los afectados de Asperger denuncian las carencias en atención social
La Federación Asperger España (FAE) denuncia «la marginación y el desamparo de los afectados por síndrome de Asperger en España, debido a «la falta de cobertura social de los adultos y la dificultad de obtener el reconocimiento de este trastorno del desarrollo crónico y severo, al no estar asociado al retraso mental». En un comunicado, la federación insiste en la falta de atención pública hacia las personas que sufren este síndrome, que un trastorno altamente discapacitante y está reconocido como una patología específica entre la comunidad científica internacional. «La ley de Dependencia tampoco reconoce esta grave situación e ignora a este colectivo en su aplicación y en sus baremos», lamenta la federación. Asimismo, denuncia también la «doble marginación de los afectados por síndrome de Asperger y de sus familias en el órgano que representa a los colectivos con discapacidad ante la Administración estatal (CERMI), pues se les niega el derecho a estar representados por su propia federación de asociaciones, que integran al 95% de los afectados», agrega el comunicado hecho público por la FAE. El Síndrome de Asperger es un Trastorno Grave del Desarrollo de origen neurobiológico, que dificulta enormemente el proceso de toma de decisiones, de organización y autonomía personal, y del procesamiento de los estímulos sociales. Asimismo, esta asociado a altos niveles de ansiedad, déficits de atención, hiperactividad e impulsividad. Aunque tienen buenos niveles en las medidas convencionales de inteligencia (C.I.) y un nivel de expresión verbal correcto, su «sentido común» y su capacidad de desenvolverse en la sociedad, en las aulas y en el medio laboral es muy deficitaria. Estos hechos (CI alto y buen nivel verbal) les cierran las puertas a los derechos a los que tienen todas las personas con problemas de discapacidad: el derecho a un diagnóstico, el derecho al reconocimiento oficial de su discapacidad y su dependencia, el derecho a la integración social y laboral. A sus familias se les dificulta a su vez el derecho a la libre asociación y a ser escuchadas por la Administración a través de los cauces establecidos (CERMI).