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| Reportaje | La cruz de la dependencia |

Comer por sonda puntúa menos

Una familia leonesa reclama que su madre, en estado vegetativo, sea reconocida con el mayor grado y nivel de dependencia en lugar de los 82 puntos otorgados tras la valoración

León y Pilar, junto a su madre, Jacinta Rodríguez, de 89 años

León

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Un accidente cerebrovascular dejó postrada en una silla de ruedas a Jacinta Rodríguez hace díez años. Desde entonces no sólo está inmovilizada, tampoco puede hablar. Su única vía de expresión es un pequeño gemido que emite cuando se acercan las horas de las comidas. Su hija y su hijo, ambos profesionales de la enfermería, se ocupan de ella con la ayuda de una cuidadora profesional que trabaja en casa por las mañanas. También cuentan con una grúa para acostarla y levantarla, una operación en la que, pese a todo, se requiere la intervención de dos personas. Según el informe médico, Jacinta «permanece en estado vegetativo» y «es totalmente dependiente para las actividades básicas de la vida diaria». Sin embargo, su caso ha recibido 82 puntos sobre cien en BVD (Baremación de la valoración de la dependencia) lo que significa que tiene reconocido el grado 3 y el nivel 1 de dependencia, en lugar del 2 que es el máximo. León y Pilar se preguntaron por qué una persona «totalmente incapacitada» no es reconocida como «totalmente dependiente» y la respuesta es que su madre, al ser alimentada por sonda nasogástrica, «requiere un esfuerzo menor de la persona cuidadora que si se trata de una persona cuya fuerza física y capacidad de movimiento suponen el doble de riesgo y de atención a la hora de darle la comida con cuchara», explicaron en la Gerencia de Servicios Sociales. Las personas que son alimentadas por sonda reciben una puntuación de 0,24 en las actividades relacionadas con comer y beber, mientras que las que comen los alimentos con ayuda de una tercera persona pueden llegar a tener hasta 4,26 puntos, según el baremo que está vigente para todo el Estado. La familia ha presentado un recurso contra la resolución de la Dirección General de Política Social y Atención a la Dependencia y también ha recurrido al Procurador del Común, pero la Junta defiende la correcta aplicación de «un baremo que ha sido aprobado por el Gobierno central y consensuado en el consejo interterritorial de la dependencia» y asegura que se trata de un recurso aislado. La familia de Jacinta, que después de cinco meses de espera ha logrado una plaza en una residencia concertada, también ha apelado a personas cercanas al Gobierno para quejarse por su caso. La respuesta ha sido la misma: «El baremo está bien aplicado, pero quizá, a la vista de casos como éste, haya que plantear su reforma en los próximos meses». Pilar y León no dan por perdida la batalla y siguen adelante con el recurso.

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